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Desniveles en la ruta.El estado de la atención a la anticoncepción en las comunidades autónomas

Lunes 17 de junio de 2024

SEDRA-Federación de Planificación Familiar ha realizado esta investigación
https://sedra-fpfe.org/

CONTEXTO

La salud sexual y reproductiva es un ámbito central de la salud, especialmente la de las mujeres. Así lo reconocen todos los organismos internacionales relacionados con la salud, y también los que trabajan por la igualdad entre los sexos. Por ello, la Estrategia mundial para la salud de la mujer, el niño y el adolescente tiene entre sus metas la siguiente: “Garantizar el acceso universal a la información, los servicios y los bienes relacionados con la salud sexual y reproductiva, incluida la planificación familiar”. Una meta que también forma parte de la Agenda 2030 que los Estados del mundo se han comprometido a cumplir para el año 2030.

La salud sexual y reproductiva está recogida en la legislación española, una de las más avanzadas de Europa en este ámbito.La Ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo de 2023 -que ha modificado la ley del año 2010-, constituye su marco regulador. En ella se establece que los poderes públicos deben garantizar la información y la educación afectivo-sexual, así como el acceso a la planificación familiar. Para ello es fundamental no sólo ofrecer servicios de calidad, sino también promover su conocimiento entre la población, empoderando a las personas para que puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, especialmente en el caso de aquellas personas que tienen más dificultades para poder acceder a dichos servicios.

Hablamos de derechos basados en el reconocimiento y respeto de la capacidad para decidir libre y responsablemente, sin discriminación, coerción o violencia, si se desea o no tener hijas e hijos, su número, momento y frecuencia. La anticoncepción es un aspecto fundamental para el cumplimiento de esos derechos, y para garantizar el derecho a la autonomía y el bienestar general de las personas. El acceso a servicios de información, asesoramiento y atención adecuados, así como a métodos anticonceptivos seguros, eficaces y asequibles, permite a las mujeres y a las parejas tomar decisiones informadas sobre su reproducción, lo que tiene un impacto positivo en su salud física, mental y social, a la vez que contribuye a la reducción de embarazos no planificados.

Las comunidades autónomas tienen importantes competencias en el diseño y puesta en marcha de las políticas y medidas que hagan posible la atención a la anticoncepción como un ámbito central de la salud sexual y reproductiva. Unas competencias que desde la publicación de la primera ley que regula este ámbito se han asumido desde enfoques y modelos de atención muy heterogéneos. Así, cada comunidad autónoma otorga a la salud sexual -y en concreto, a la anticoncepción- una importancia muy desigual, así como una diversidad de modelos de gestión que producen inequidades que sufren las mujeres. Como ya se planteaba en la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva de 2011, publicada en el marco de la Ley de salud sexual y reproductiva de 2010, “parece que, en el ámbito de la salud sexual, el desarrollo de políticas públicas dirigidas a la reducción de aquellas inequidades en salud vinculadas directa o indirectamente con esta dimensión continúa siendo un reto”. La misma estrategia se erigió como el elemento central de un diagnóstico que reconocía “la variabilidad territorial en la atención a la salud sexual”.

En este contexto, y con el objetivo de mostrar con datos y evidencias lo que llevamos años afirmando -que existen enormes desigualdades en la atención de la anticoncepción entre las comunidades autónomas- SEDRA-Federación de Planificación Familiar ha realizado esta investigación. Tomando como referencia el Atlas Europeo de la Anticoncepción que desde hace unos años publica el Foro Parlamentario Europeo por los Derechos Sexuales y Reproductivos, así como el diagnóstico sobre la salud sexual que se enmarca en la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, hemos querido analizar la situación de la atención de la anticoncepción en las comunidades autónomas. Para ello hemos analizado de forma sistemática la documentación pública y nos hemos apoyado en el conocimiento de las personas que están en el día a día de la atención. El resultado es este informe que no trata de señalar con afán punitivista, sino de contribuir a la mejora de estrategias, planes y servicios, y por tanto a la aplicación de unas políticas públicas más equitativas y eficaces, que eliminen además las inequidades en el acceso y la calidad de la atención entre comunidades autónomas.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

El objetivo central de este estudio es conocer la situación de la atención a la anticoncepción en las comunidades autónomas del Estado español.

Para ello hemos contestado a diversas preguntas sobre aspectos de dicha atención que consideramos fundamentales:

Qué políticas públicas regulan la atención a la anticoncepción en cada comunidad autónoma.
Qué servicios de anticoncepción existen en cada territorio y cómo funciona el circuito de atención en cada uno de ellos.
En qué medida es accesible la información sobre la anticoncepción en los servicios de salud autonómicos.
Cuál es la situación de la accesibilidad universal a los métodos anticonceptivos de larga duración y a la anticoncepción de urgencia en las diferentes comunidades autónomas.
En qué medida los servicios autonómicos de salud disponen de un programa de formación sobre anticoncepción y de instrumentos de mejora de la práctica asistencial en esta materia.

METODOLOGÍA

Para poder elaborar el diagnóstico en cada comunidad autónoma, se ha recogido y analizado material empírico mediante diversas técnicas:

Se ha diseñado y aplicado un cuestionario con treinta y cinco preguntas dirigidas a conocer la percepción que sobre los servicios sanitarios de atención a la anticoncepción tienen las y los profesionales que trabajan en servicios públicos de salud.

Se han realizado entrevistas individuales semiestructuradas a personas informantes vinculadas con la atención a la anticoncepción en cada comunidad autónoma. Son personas que además de estar profesionalmente vinculadas con los servicios sanitarios relacionados, tienen conocimiento del circuito de atención o una posición dentro de dicho circuito que hace que puedan aportar una visión enriquecedora acerca de la realidad de la atención a la anticoncepción en su territorio.