Políticas contra la violencia sexista

El fin de semana del 7-8 de junio coincidió con que se protestaba en Bilbao por tres muertes violentas de mujeres. Dos de ellas fueron asesinadas por un autodenominado maestro “shaoli”, profesor de artes marciales. Ambas eran extranjeras -se quiere decir pobres-, ejercían la prostitución y probablemente tuvieron algún tipo de relación con su asesino. Se llamaban Maureen Ada Otuya –de Nigeria- y Jenny Sofia Rebollo –de Colombia-. La tercera era asesinada, al parecer, por un atracador que pretendía robar en la vivienda.

Obviamente, creció la rabia y la protesta. Los asesinatos de las dos mujeres inmigrantes tenían todos los ingredientes para ser degustados con ahinco desde los medios más sensacionalistas. Repitieron, hasta el hartazgo, unas imágenes del detenido por los asesinatos, donde ensayaba con fruición cómo manejar un arma punzante, en una simulada pelea con un enemigo invisible. Simplemente esperpéntico.

Ante la brutalidad de los asesinatos, la coincidencia de las tres mujeres muertas en doce días en la misma localidad de Bilbao y la “singularidad” del asesino confeso de las dos mujeres extranjeras, hubo reacciones y comentarios abundantes en los medios.

Las apariciones del personal de Interior, policías y políticos de esta responsabilidad, trataron, en su mayoría, de extender un mensaje tranquilizador dirigido a la población, especialmente, a las mujeres. Así, fueron varios los que comentaron las cifras de homicidios violentos del último año, que no se consideraban altas, alrededor de la veintena, para añadir rápidamente que en un altísimo porcentaje cercano al 100 por 100, todos los casos terminaban resolviéndose. Quería decir que se acaba deteniendo al culpable y se le juzga, e incluso, en su caso se le condena. Me entretuve en analizar estas declaraciones. Reconozco que estaba alterada y emocionalmente un poco tocada, pues asistíamos en estos días al Tribunal Internacional de derechos de las mujeres de Euskal Herria 2013, Viena +20[1]. Realmente me preocupó seriamente el comprobar que lo que pretenden la mayoría de los políticos del gremio de “lo criminal”, frente a los casos de asesinatos de mujeres, víctimas de violencia sexista, es resolver el caso en términos policiales. Máxime, si se señala que la mayoría de estos asesinos son con anticipación conocidos, pues son sus parejas o ex-parejas, o clientes de las trabajadoras sexuales o proxenetas. Es decir que detener al culpable se convierte en asignatura de prácticas de primero de la academia de policía.

Más interesantes y centradas, como casi siempre, fueron las interpretaciones y comentarios de las organizaciones feministas y de las numerosas mujeres que tomaban parte en el Tribunal señalado. En lugar de destacar, en primer lugar, al asesino confeso, y sus circunstancias personales más o menos exóticas y de escasa salud mental, el centro de atención se fijó en las dos mujeres víctimas. Las dos eran mujeres inmigrantes procedentes de países pobres. Ambas sin papeles, sin derechos las dos. Ejercían en el conocido barrio de San Francisco, como trabajadoras sexuales. Una de ellas llevaba desaparecida doce días, y alguna voz se extrañaba de que nadie hubiera denunciado su desaparición. (¿Ante qué organismo se denuncia que una mujer sin papeles, que ejerce la prostitución, no se encuentra en su lugar habitual, donde no se debe encontrar, pues incluso la ordenanza de convivencia de “Bilbao de toda la vida” le prohíbe estar allí?).

Estas mismas voces que estaban juzgando, si bien de manera simbólica y a modo de tribunal de conciencia, la tortura y agresiones sexuales sufridas por una joven vasca detenida en el año 2011, por la Guardia Civil, entre otros supuestos, fueron las primeras y casi las únicas que destacaron con claridad meridiana las circunstancias específicas del caso. Antes que analizar la personalidad sicopática o no del asesino confeso, inciden en la “no personalidad jurídica” de las mujeres asesinadas, pues son personas sin derechos. Estas mujeres, expropiadas de sus derechos por los mismos políticos que van a resolver sus casos de muerte, ¿podrían haber denunciado, por ejemplo, ante la policía que eran víctimas de extorsión o de explotación, sin peligro de expulsión o de detención y encierro en un CIE? ¿Hubieran podido estas mismas mujeres acudir a un centro sanitario, si fruto de su situación precaria incurren en estados de ansiedad, miedo, depresión, agotamiento, estrés... careciendo de tarjeta sanitaria? Estas “coincidencias” de su vida, son las que hicieron a estas mujeres sujetos vulnerables y mujeres vulneradas, por no ser sujeto de derechos.

Estaba presente también en el espacio del tribunal Asun Cassasola, madre de la joven Nagore Lafagge, asesinada el día 7 de julio de 2008, en Iruñea, al negarse a tener relaciones sexuales con su asesino. Las voces feministas que con ella se solidarizaban destacaban igualmente la coincidencia –nefasta en este caso- de que tanto el caso de Nagore, como los de las dos mujeres inmigrantes, no son considerados por la ley vigente como casos de violencia sexista o de género, como la llama la ley. El hecho de no ser o no haber sido pareja del asesino elimina la cualificación establecida por la ley, y no se considera violencia de género. Así que, cuando se analicen las estadísticas y los datos y se realicen las memorias fiscales y de los tribunales, éstas contarán una vez más la historia-mentira oficial: Nagore Lafagge Casasola, asesinada por un ciudadano pamplonés, por negarse a mantener relaciones sexuales, no fue víctima de violencia de género; las dos mujeres extranjeras, -Ada y Jenny- asesinadas por un ciudadano bilbaino, asiduo visitante del barrio de San Francisco en demanda de servicios sexuales, trabajadoras del sexo, mujeres en vida precaria, no murieron víctimas de violencia de género.

Nos queda en la memoria y en la historia real que nosotras nos encargamos de transmitir, que el Tribunal Internacional de Derechos de las Mujeres de Euskal Herria 2013, Viena+20, dictó una sonora resolución, que entre otras cosas, y para la joven vasca, nombrada Oihana, condena al Estado español: “por incumplir la obligación de prevenir, investigar y sancionar toda forma de tortura o maltrato policial y, en especial, la recomendación de 2008 del Relator de Naciones Unidas sobre el tratamiento específico de la tortura (física, psicológica y sexual) con componente machista, perpetrada por agentes estatales.”

Ninguno de los casos relatados es un caso resuelto para las políticas feministas. Pero los casos que ha “resuelto” la policía, de los que se hace eco la política de Estado, lo son mucho menos, pues las víctimas ni siquiera ven respetado su derecho a la Verdad. En un trabajo minucioso, realizado con tenacidad, con análisis de las causas reales que llevan a los hombres a agredir a las mujeres, hasta matarlas, las políticas de Estado deben ser más exigentes: hay que nombrar y calificar los casos de violencia sexista como violencia de dominación masculina. Sólo así podrán poner los medios para eliminarla. A Oihana, todavía presa de forma preventiva, sin juicio, en alguna cárcel de dispersión española, le queda el consuelo de que un tribunal de derechos de las mujeres, de su tierra, ha contado su relato y ha condenado a los agentes del Estado perpetradores de la ignominia, del delito de torturas con agresión sexual y sexista. No es un caso resuelto, en términos policiales, es un caso denunciado, relatado y publicitado en términos de justicia de solidaridad feminista.

Begoña Zabala forma parte del Consejo Asesor de VIENTO SUR