Vientres robados ¿Dónde están las feministas?

Mil veces negadas, desposeídas del derecho al propio cuerpo, del derecho incluso a la maternidad. Durante décadas, miles de mujeres en el Estado español sufrieron el secuestro de sus bebés y su dolor, su lucha, su búsqueda quedaron reiteradamente desoídas, negadas, silenciadas, y como mucho, arrumbadas en las páginas de sucesos o como material de programas televisivos de mucha audiencia y escasas consecuencias. Les arrebataron los bebés que parieron –en las cárceles de Franco, en maternidades del Patronato de la Mujer, en clínicas públicas y privadas—y durante décadas les han dado una y otra vez con la puerta en las narices en hospitales, maternidades, parroquias, orfanatos, juzgados. Hasta hace apenas unos años, ningún juzgado admitía a trámite las denuncias de quienes podían y se atrevían a llegar a tan altas instancias. Ahora, una de las querellantes ha logrado que sea la Justicia argentina la que tome partido. Y por primera vez en la historia de la lucha de las mujeres robadas –de las familias—la Justicia internacional reclama la detención de un médico ginecólogo, actualmente jubilado, de La Línea de la Concepción, Cádiz que fue denunciado por Flor Díaz, presidenta de la asociación SOS Bebes robado Euskadi, que busca a su hermano nacido en La Línea, en el Hospital Municipal en 1967. Es un paso, un pequeño y esencial paso hacia el reconocimiento de la lucha de estas mujeres, tan próximas a la historia de todas.

Como ninguna otra causa, el robo de bebés ejemplifica el anonadante desprecio de la dictadura hacia las mujeres —y de entre ellas a las disidentes y a las indefensas.
He conocido a mujeres que pasaron por el Patronato de Protección a la Mujer, por las Adoratrices, por Peña Grande, a presas comunistas que fueron testigos y víctimas de los robos, a nietas de rojas a las que –sin ir más lejos—el prestigioso ginecólogo del OPUS Botella Llusià les robó su bebé, a jóvenes activistas, amigas mías, que han descubierto que sus papeles de adopción son un cúmulo de falsedades y a mujeres que parieron en los años setenta y buscan entre la paciencia y la desesperación que alguien comience a responder el paradero del niño o niña que dieron a luz. ¿Podemos vivir por más tiempo ajenas a tantos y tan brutales delitos? ¿Nos concierne a todas lo que a ellas les ocurre?

¿Puede el movimiento feminista mantenerse al margen de esta lucha?

En la atmosfera sorda del silencio institucional, las organizaciones que agrupan a madres y familiares, tratan de abrirse paso. Se contabilizan 2000 demandas, muchas de ellas archivadas y otras miles que no han sido aceptadas a trámite, ya que los juzgados consideran que las querellantes carecen de documentación que las acredite. A las madres, a las hermanas, a los padres y hermanos que buscan les cierran las puertas en archivos de parroquias, clínicas, maternidades y hospitales ¿cómo lograr documentar lo que tan bien han ocultado, negado, borrado de los archivos? Un velo de silencio cómplice cubre a médicos, funcionarios y sanitarios, comadronas, monjas y curas, profesionales de la más diversa índole, incluidos los encargados de enterramientos, notarios y/o abogados. Hay un cálculo aproximado de más de 300 000 madres robadas, o sea, 300 000 personas que fueron secuestradas al nacer y que desconocen que fueron dados en adopción contra la voluntad de su madre biológica y desconocen su verdadera filiación. Algunas de ellas también buscan sus orígenes y solo encuentran puertas cerradas. Hay madres que han logrado la exhumación del enterramiento de lo que creían su bebe y allí no han encontrado nada. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Continuar en silencio? ¿La impunidad?

El secuestro de bebés toca de lleno las políticas de género del franquismo, que anularon a las mujeres como seres de derechos; afecta a las instituciones represoras franquistas y a quienes las dirigieron, que crearon para controlarlas, el nefasto –e insuficientemente investigado— Patronato de Protección de la Mujer, vinculado al Movimiento, vinculado al Estado y a cada uno de los gobiernos civiles, y encargado en cada provincia de vigilar la moral social y re-educar a las descarriadas, y de "sacar de la calle", especialmente, a miles de jóvenes solteras embarazadas.

Comenzó como política ideológica contra las rojas, anarquistas y republicanas en las cárceles de Franco, ya en la España que se unió al golpe militar contra la república, en el 1936, y acabó en los años setenta y aún, ochenta, en las clínicas públicas y privadas, avalada por instituciones vinculadas a la iglesia, incluso al Tribunal Supremo; el Opus fue parte fundamental del asunto, cuando abiertamente se convirtió también en negocio, a través de ginecólogos y otros profesionales bien colocados en las diferentes ciudades.

Se trata de un delito de profundo calado, que afecta a nuestra memoria del pasado y del presente, a la vida de varias generaciones vivas, a las políticas de género y de exaltación de la maternidad obligatoria, a la exclusión de las mujeres de su propio cuerpo, a la mezquina apariencia de democracia que sucedió al dictador que siguió tapando los crímenes y avalando las redes de tráfico de bebés hasta hoy mismo cuando el Estado ningunea las reclamaciones de las víctimas.

La reiterada vulneración del derecho al propio cuerpo, una reivindicación básica, elemental un punto de partida esencial de la lucha feminista es el origen de este crimen de lesa humanidad que emparenta –nunca mejor dicho—nuestro pasado con nuestro presente. Tantas mujeres quebrantadas en su derecho a la maternidad y tantos hijos e hijas vivos sin conocer el origen de su propia historia. El pasado y el presente se dan la mano en esta lucha que, como ninguna otra, pone de manifiesto la perversión del franquismo— de su criminal política contra las mujeres— y de su herencia y la fuerza de sus alianzas que hasta la fecha, han logrado mantener en buena medida el aislamiento de quienes persisten por esclarecer la verdad, encontrar a lxs hijxs y condenar a los culpables.

No es uno más de la lista de delitos que la Dictadura cometió contra la sometida ciudadanía de este país; el robo de bebés –realizado en la mayoría de los casos con la activa participación de sacerdotes y religiosas— pone de manifiesto la connivencia de la iglesia Católica, que asumió la victoria de Franco como propia, y gracias a la cual pudo reconstruir y ampliar toda una red institucional de congregaciones religiosas, vinculadas a tareas, entre otras, de adoctrinamiento, represión en cárceles y centros de menores, orfanatos, y centros de re-educación de mujeres que llamaron “descarriadas”.

El Estado franquista –el Estado mafioso nacional-católico— asistido de sus instituciones, incentivó, favoreció y auspició un número aún indeterminado de secuestros de bebés que les fueron arrebatados a sus madres en un periodo que se alarga en el tiempo, desde el triunfo del dictador hasta más allá de la fecha de su muerte, y que comenzó a cambiar cuando en 1987 fue aprobada la nueva Ley de Adopción.

El robo de bebés fue acreditado por un Estado que persiguió a la disidencia política hasta su exterminio y que redujo a las mujeres a la condición permanente de subalternas hasta negarles a decenas de miles el derecho a la filiación de sus propios hijxs. Si la maternidad se convirtió en un objetivo del Estado, necesitado de recuperar la mano de obra y el tejido social destruido por la guerra y la represión, las mujeres se convirtieron en nadies a quienes se les podía arrebatar el fruto de sus vientres.

No se trata de hechos aislados. Mujeres de todos los rincones de esta geografía se han sumado a las organizaciones que reclaman ayuda, información, Justicia. Miles de mujeres que después de décadas siguen peleando solas frente a quienes una vez más les niegan el más elemental derecho a la verdad: ¿Qué fue del bebé que parieron?

El robo de bebes es un delito contra las mujeres, un crimen de género, de lesa humanidad que fue alentado por un Estado totalitario que usó a las mujeres como procreadoras y que actuó como redistribuidor de lxs nacidxs, en virtud de sus criterios políticos, ideológicos, religiosos y por supuesto, de clase. Primero, bajo la pátina del adoctrinamiento y la recristianización desde las cárceles e instituciones represoras –especialmente el Patronato de Proteccion a la Mujer y las congregaciones religiosas que se encargaban de recluir a las mujeres— y más tarde, avalado por instituciones benefactoras y por toda una red de estamentos y pro-hombres del régimen, miembros de jerarquías como el Tribunal Supremo o médicos, matronas, curas, monjas, funcionarios de cementerios o notarios ante quienes las ciudadanas de a pie carecían de derechos. Primero abusaron de las perseguidas políticas y de las más pobres, después, la red criminal encargada de quedarse con lxs niñxs comenzó a atravesar la escala social y el comercio afectó a mujeres que podían permitirse ser asistidas en clínicas privadas, el dinero siempre estaba por medio.

Los bebes eran re-dirigidos desde los paritorios a “buenas familias”. Para la repugnante clase dirigente franquista y sus herederos, las mejores familias eran –en ese orden— las más cercanas al poder, las más vinculadas a la iglesia católica, y sobre todo, apartir de los años setenta, las que más dinero ponían en el trato.

El pasado y el presente se dan la mano también en las políticas de la más rancia derecha que nos gobierna, heredera de aquella que perpetró los delitos que ahora se denuncian. Los intentos por retroceder en derechos reproductivos, por negar la información y educación sexual, por criminalizar el aborto, por privatizar la asistencia y ponerla de nuevo en manos de instituciones religiosas y dar recursos a las iniciativas que promueven la maternidad de adultas y adolescentes en situaciones vulnerables; estas políticas no son una invención de nuevo cuño; son el camino de vuelta donde se mira la derecha ultra católica que dio cobertura legal a los delitos de genero del pasado.

Las madres robadas reclaman Justicia y Reparación.
¿Dónde están las feministas?

CONCENTRACION EN SOL DIA 7 DICIEMBRE 2014
DE 11:30 A 13:30